La sostenibilidad no termina en la puerta de la empresa: el desafío está en la cadena de suministro

Una compañía puede fijarse objetivos climáticos, sociales y ambientales ambiciosos, pero esos compromisos pierden fuerza si desconoce qué sucede entre quienes le suministran materias primas, productos y servicios. Medir, verificar y gestionar la cadena de suministro se ha convertido así en una cuestión central de buen gobierno y en una condición para transformar las promesas de sostenibilidad en resultados demostrables. Durante años, buena parte de las estrategias empresariales de sostenibilidad se concentraron en lo que sucedía dentro de las propias organizaciones: reducir consumos, mejorar la eficiencia energética, gestionar los residuos, revisar las condiciones laborales o disminuir las emisiones vinculadas directamente a sus operaciones. Sin embargo, la sostenibilidad empresarial no termina en las puertas de una fábrica, una oficina o un establecimiento comercial. Una parte relevante de los impactos ambientales y sociales asociados a numerosos productos y servicios se encuentra distribuida a lo largo de cadenas de valor cada vez más extensas y complejas.

En reportes empresariales recientes en Latinoamérica, por ejemplo, se ha documentado que la mayor proporción de la huella ambiental de algunas compañías corresponde a emisiones indirectas relacionadas con su cadena de suministro y con los productos que colocan en el mercado, no solo a sus operaciones directas. Esto ha llevado a que conceptos como las emisiones de Alcance 3 (Scope 3) —aquellas asociadas a la cadena de valor— pasen del lenguaje técnico al centro de la agenda corporativa. En Chile, programas como el de HuellaChile y el Pacto Global han reunido a grandes empresas y a sus proveedores para fortalecer capacidades en la medición y gestión de estas emisiones, reconociendo que sin acción coordinada a lo largo de la cadena los compromisos climáticos quedan cojos.

Contar con políticas de compras responsables, códigos de conducta para proveedores o criterios ambientales y sociales constituye un primer paso. Pero establecer requisitos no significa necesariamente conocer su grado de cumplimiento. La diferencia está en la capacidad de medir y verificar. Una empresa puede solicitar a sus proveedores determinados estándares laborales, ambientales o de derechos humanos, pero necesita mecanismos que le permitan conocer si esos principios se trasladan realmente a las operaciones. Esto implica avanzar hacia una mayor trazabilidad: identificar quién suministra qué, de dónde proceden determinados materiales, cuáles son los procesos involucrados y dónde pueden encontrarse los principales riesgos ambientales o sociales. El desafío aumenta cuando aparecen distintos niveles de proveedores. Una compañía puede conocer bien a sus suministradores directos y, al mismo tiempo, tener mucha menos visibilidad sobre las empresas que abastecen a esos proveedores. Cuanto más extensa y fragmentada es la cadena, más difícil resulta obtener información homogénea y verificable.

La cuestión no es únicamente ambiental. La falta de conocimiento sobre los proveedores puede dificultar la identificación de riesgos relacionados con condiciones laborales, derechos humanos, emisiones, uso de recursos naturales o prácticas empresariales. Por eso, la gestión sostenible de proveedores está cada vez más conectada con la gobernanza. No basta con que el área de sostenibilidad formule objetivos: las políticas de compras, la selección y evaluación de proveedores y los mecanismos internos de control también deben incorporar esos compromisos. En la práctica, esto supone integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG o ESG, por sus siglas en inglés) en las decisiones de aprovisionamiento, establecer indicadores, solicitar información comparable y desarrollar sistemas de seguimiento. También requiere determinar qué sucede cuando se detectan incumplimientos y cómo se acompaña a los proveedores para corregirlos. El objetivo no debería limitarse a trasladar obligaciones de una empresa a otra. Especialmente en cadenas formadas por organizaciones de diferentes tamaños y capacidades, avanzar hacia modelos más sostenibles también puede exigir colaboración, formación y herramientas que permitan mejorar progresivamente el desempeño.

La medición es además una pieza fundamental de la credibilidad. Cuanto más concretas son las afirmaciones de una compañía sobre sostenibilidad, mayor es la necesidad de disponer de información que permita respaldarlas. Decir que una cadena de suministro es responsable, que determinados productos reducen su impacto ambiental o que se respetan ciertos criterios sociales requiere evidencias. Sin datos suficientemente sólidos y trazables, resulta más difícil conocer el progreso real y distinguir entre una transformación efectiva y una declaración corporativa. La propia evolución de la agenda europea de sostenibilidad ha situado la diligencia debida y la información empresarial sobre impactos y riesgos en el centro del debate regulatorio. El enfoque apunta precisamente a ampliar la mirada más allá de las operaciones propias y prestar atención a las relaciones que las compañías mantienen a lo largo de sus cadenas de actividad.

Directivas como la CSRD (Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa) y la CSDDD (Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa) exigen que la información cubra las operaciones propias de la empresa, sus productos, servicios, relaciones comerciales y toda la cadena de valor, aunque reconocen periodos de transición para lograr datos fiables. Tras las modificaciones del paquete Ómnibus de 2025 y 2026, los umbrales de aplicación se ajustaron: la CSRD se concentra en empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación, mientras que la CSDDD quedó dirigida a corporaciones con más de 5.000 trabajadores y 1.500 millones de euros de volumen de negocio, con transposición prevista hasta julio de 2028 y aplicación escalonada entre 2027 y 2029. Aunque son normas europeas, su impacto es global: cualquier empresa que exporte a la UE o forme parte de cadenas de valor internacionales deberá alinearse con estos requisitos.

Este cambio también modifica la relación tradicional entre compradores y proveedores. El precio, la calidad o los plazos de entrega continúan siendo variables esenciales, pero conviven cada vez más con cuestiones relacionadas con emisiones, circularidad, consumo de recursos, derechos laborales o capacidad para aportar información verificable. En este contexto, la compra sostenible deja de ser una decisión secundaria para convertirse en una herramienta de gestión empresarial. Las decisiones de contratación y aprovisionamiento pueden influir sobre numerosos actores y generar incentivos para extender mejores prácticas a lo largo de la cadena. Casos como el de Arca Continental, reconocida en 2026 por el CDP Supplier Engagement A-List por su liderazgo en gobernanza climática y gestión de emisiones de Alcance 3, muestran que es posible integrar la sostenibilidad en el núcleo de la relación con proveedores y obtener reconocimiento internacional.

Para las empresas, el reto consiste en pasar de los compromisos generales a sistemas capaces de demostrar qué está ocurriendo realmente. Eso exige información, trazabilidad, indicadores y responsabilidades claramente definidas. Porque una estrategia de sostenibilidad puede estar perfectamente formulada sobre el papel, pero su verdadera solidez depende también de aquello que la empresa es capaz de conocer, gestionar y verificar fuera de sus propias operaciones. En una economía profundamente interconectada, el buen gobierno ya no consiste únicamente en responder por lo que ocurre dentro de la compañía, sino también en comprender los impactos vinculados a las relaciones empresariales que hacen posible su actividad.

REFERENCIAS

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BMC Consulting. (2026, febrero 14). CSDDD: diligencia debida en la cadena de suministro. BMC Consulting. https://bm.consulting/es/insights/csddd-diligencia-debida-cadena-suministro/